El Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur -un pacto negociado para eliminar aranceles en más del 90% del intercambio- que crearía la zona de intercambio comercial más grande del mundo, atraviesa una fase decisiva. Tras casi 25 años de idas y vueltas, su ratificación sigue comprometida.
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En el centro de la controversia están los agricultores europeos, que perciben el tratado como una amenaza adicional en un contexto ya marcado por altos costes energéticos, exigencias ambientales más estrictas y una fuerte volatilidad de precios.
El principal temor es económico: la apertura del mercado europeo a mayores cuotas de carne de vaca, aves, azúcar y etanol sería una competencia de productos más baratos, producidos con costes laborales y normativos inferiores.
A ello se suma una preocupación regulatoria: muchos productores denuncian una falta de reciprocidad en estándares sanitarios, fitosanitarios y de bienestar animal. Para contener el descontento, Bruselas ha planteado medidas de compensación y subsidios y cláusulas de salvaguardia.
El debate se ha ampliado en los últimos meses, los aranceles que el presidente Donald Trump ha puesto a productos europeos. En este contexto, el Mercosur aparece para muchos como una oportunidad estratégica: un mercado de más de 700 millones de consumidores, con demanda creciente de bienes industriales, automóviles, maquinaria y servicios europeos.
El desenlace dependerá de la capacidad de la Unión Europea para cerrar el acuerdo sin romper el delicado equilibrio entre apertura comercial y protección de su sector agrícola, acuerdo que el Parlamento Europeo envió el 21 de enero de 2026 a la Corte de Justicia de la Ue, lo que podría demorar su aprobación hasta un par de años.